Una asociación que se declara heredera de los legendarios caballeros exige a Benedicto XVI la rehabilitación de la orden, disuelta en 1307.
Imagen de una ceremonia de ordenación de caballeros templarios en León.
La Asociación Orden Soberana del Temple de Cristo, que asegura ser la heredera de los míticos templarios, ha presentado una demanda contra el Papa, al que exigen la rehabilitación de la orden, suspendida por Clemente V en 1307, así como el reconocimiento de sus bienes incautados, valorados en 100.000 millones de euros de 2008.
La demanda, interpuesta en los Juzgados de Madrid contra el Santo Padre por vía de la Nunciatura Apostólica en España, solicita la revisión del proceso que terminó con la suspensión de la orden templaria hace ya 700 años.
La denuncia, formulada en contra de la persona física del Papa Benedicto XVI como sucesor de Clemente V, y no como jefe del Estado del Vaticano, deja claro que los actuales templarios no desean la restitución patrimonial de lo expoliado en el siglo XIV, que alcanzaría actualmente los 100.000 millones de euros. «No pretendemos en ningún caso producir la quiebra económica de la Iglesia Romana», añade el escrito, «sino que el tribunal pueda hacerse una idea de la magnitud de la operación tramada contra nuestra Orden».
Según la Asociación Orden Soberana del Temple de Cristo, legalmente inscrita en el registro de asociaciones, los templarios tenían censados 9.000 propiedades en toda Europa, sin contar los derechos sobre tierras, pastos, molinos y derechos portuarios, incluidos barcos de transporte y de guerra. En el siglo XIV los templarios, que contaban con más de 15.000 caballeros en toda Europa, tenían propiedades en España, Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Polonia.
La demanda está pendiente de que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por la orden del Temple ante la Audiencia Provincial de Madrid después de que no fuera admitida a trámite en primera instancia. En su primer auto la jueza negó la admisión a trámite por falta de jurisdicción, al entender que no correspondía a su tribunal pronunciarse sobre hechos ocurridos hace 700 años «al ser materia propia de historiadores».
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